Huelga de ambulancias. El conflicto.
El conflicto en el sector del transporte sanitario de Euskadi está lejos de solucionarse. Tras dos años de negociación colectiva del nuevo convenio, el problema parece lejos de resolverse.
El 90% de los trabajadores del sector de emergencias y el 100% del servicio de transporte no asistido trabajan para empresas subcontratadas. Empresas que precarizan el servicio ahorrando costes de mantenimiento de vehículos, compra y reposición de materiales y contrataciones. Esto ha supuesto graves percances tanto para trabajadores/as como para los usuarios/as, denunciados por los sindicatos, sin que haya habido consecuencias para las empresas ni penalizaciones por parte de Gobierno Vasco.
Son habituales las ambulancias no disponibles por falta de personal, las ruedas en mal estado, ITV sin pasar, pastillas de freno gastadas que se apura en exceso su vida útil, sillas de traslado rotas que no son reparadas, etc. Osakidetza, supervisora del contrato de adjudicación es conocedora del problema. De hecho, tiene constancia de algún accidente de tráfico causado por estas deficiencias y de las muchas bajas médicas de trabajadores/as por falta de ayudas técnicas. Pero todo sigue igual.
A esta situación insostenible se añade que el personal subcontratado trabaja 120 horas más año que el personal público y una brecha salarial que, en el caso de la enfermería, supera los 800€ mensuales. Además de ello, la formación continua del personal subcontratado es claramente insuficiente para la labor que desempeña, demanda que tampoco está siendo satisfecha por las empresas.
Todas estas reclamaciones llegan en un momento en el que el Gobierno Vasco aumentó la asignación del contrato un 30% para afrontar la negociación del convenio colectivo y el aumento de costes (según se recoge en acta parlamentaria a la pregunta de EH Bildu). Por si esto fuera poco, en el acta de rendición de cuentas a cooperativistas de la Pau a ejercicio de 2023, se indica que la empresa a “reforzado su capital” con los contratos en el País Vasco lo que le ha permitido “repartir mayores beneficios y afrontar nuevos contratos en Catalunya con una mayor solvencia”.
Así con todo, la patronal sigue enrocada en que no hay dinero para negociar el nuevo convenio salvo que el Gobierno Vasco de más dinero. Algo que se recoge en todas y cada una de las 34 actas de reunión. Esto vulnera todo principio de buenas prácticas en materia de subcontratación: si es el Gobierno Vasco quien tiene que aumentar el coste para afrontar la subida de precios y la negociación del convenio ¿Cuál es el riesgo que asume la empresa subcontratada? ¿El Gobierno Vasco subcontrata el servicio solo para aumentar la explotación laboral y saltarse su propia normativa que se lo impide?
Más allá de las cuestiones políticas y la indignación como ciudadanos/as de la mala gestión de dinero público, los trabajadores/as del servicio solo desean poner fin a este conflicto y que se recompense de manera adecuada su profesionalidad. Por un lado, dándoles garantías de que van a poder trabajar en condiciones de seguridad con los materiales adecuados y con todo el personal necesario para atender a sus pacientes. Y, por otro lado, con un descanso y salario acorde a la labor que desempeñan. A igual trabajo, igual salario, igual descanso, con independencia de las necesidades económicas de las cooperativas próximas al Gobierno Vasco.
